TEGUCIGALPA. Lo que pudo ser un apretón de manos judicial terminó en un desafío abierto. Este lunes, la audiencia de conciliación entre la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, y el Fiscal General de la República, Johel Zelaya, finalizó sin acuerdo, lo que eleva el caso a la instancia de juicio oral y público.
La querella, interpuesta por López, acusa al titular del Ministerio Público por los delitos de calumnia y revelación de secretos. El conflicto se originó tras la difusión de audios donde presuntamente se vinculaba a la funcionaria con planes para boicotear el proceso electoral, grabaciones que López califica como falsas y manipuladas.
«Defenderé la verdad en juicio»
A su salida de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Cossette López fue tajante al explicar por qué no aceptó un arreglo extrajudicial:
«No hay nada que conciliar cuando lo que se ha puesto en juego es la integridad y la institucionalidad. Vamos a demostrar en juicio que estas acusaciones solo buscaban afectar el proceso electoral», afirmó la consejera ante los medios.
La postura del Fiscal: «Estamos obedientes»
Por su parte, el Fiscal General, Johel Zelaya, se presentó a la audiencia tras el rechazo de un recurso de nulidad que su defensa había interpuesto días atrás. Zelaya minimizó el impacto de la querella en su gestión:
- Cumplimiento: Aseguró que asiste a los tribunales «obediente a la ley» como cualquier ciudadano.
- Prioridades: Declaró que, aunque respeta el proceso, su enfoque principal sigue siendo las operaciones de impacto contra el narcotráfico y la recuperación de fondos del Estado.
- Mandato: Recordó que fue electo para ocupar su cargo hasta febrero de 2029 y que el «ruido político» no detendrá la labor del Ministerio Público.
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