La organización Defensores de Honduras presentó dos iniciativas ante el Congreso Nacional que plantean una fiscalización ciudadana independiente durante el escrutinio y la renuncia anticipada de funcionarios públicos que aspiren a cargos de elección popular.
La discusión sobre las reformas electorales en Honduras suma nuevas propuestas. La organización Defensores de Honduras presentó ante la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional dos iniciativas orientadas a fortalecer la transparencia del escrutinio y establecer condiciones de mayor equidad para quienes participen en futuros procesos electorales.
Una de las propuestas plantea crear una mesa ciudadana de fiscalización electoral que acompañe el trabajo de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), especialmente durante el conteo de sufragios.
El mecanismo estaría integrado por ciudadanos sin afiliación partidaria, procedentes de universidades o iglesias, quienes serían seleccionados mediante un sorteo público para observar el escrutinio y documentar cualquier incidencia.
La iniciativa contempla que el fiscal ciudadano elabore un registro independiente de las incidencias durante el conteo. Posteriormente, ese documento sería escaneado y adjuntado al acta oficial de cierre de la mesa, con el propósito de dejar constancia de lo ocurrido.
La segunda propuesta busca que los funcionarios públicos que tengan intención de competir por un cargo de elección popular renuncien a sus puestos con un año de anticipación a los comicios generales, antes de la convocatoria a elecciones primarias.
De acuerdo con los representantes de la organización, esta medida pretende evitar el posible uso de recursos estatales para favorecer aspiraciones políticas y establecer condiciones de competencia entre los distintos participantes.
Las propuestas fueron recibidas por el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, Antonio Rivera Callejas, quien señaló que las iniciativas serán consideradas dentro de las discusiones legislativas sobre los cambios al sistema electoral.
La presentación ocurre en medio de diferencias entre las bancadas del Congreso Nacional sobre asuntos como la segunda vuelta electoral, la integración de las juntas receptoras y los mecanismos de transmisión de resultados.
El debate también enfrenta el desafío de alcanzar los 86 votos necesarios para aprobar reformas que requieren mayoría calificada. Las posiciones expresadas por los partidos muestran que todavía existen asuntos pendientes de negociación.
Las iniciativas de la sociedad civil agregan nuevos elementos a una discusión que tendrá consecuencias en la organización y fiscalización de futuros procesos electorales en Honduras.
