Las reformas a los códigos Penal y Procesal Penal ya fueron publicadas en La Gaceta. El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad anunció que las instituciones comenzarán a aplicar las nuevas disposiciones
Honduras inició una nueva etapa en su estrategia contra el crimen organizado luego de la entrada en vigor de un conjunto de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, aprobadas por el Congreso Nacional y publicadas en el Diario Oficial La Gaceta.
Las modificaciones forman parte de las acciones impulsadas por el Gobierno y el Poder Legislativo para fortalecer las herramientas legales de las instituciones responsables de combatir las maras, pandillas y otras estructuras vinculadas con actividades criminales.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, destacó que las nuevas disposiciones representan un paso importante para recuperar el orden y fortalecer la seguridad en el territorio hondureño.
Las declaraciones fueron realizadas después de una reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, celebrada en Casa Presidencial, en la que participaron representantes de diferentes instituciones del Estado.
Durante el encuentro se abordó la coordinación entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, el Poder Judicial y los organismos de inteligencia para enfrentar las organizaciones criminales.
Zambrano aseguró que el Congreso continuará respaldando las iniciativas legales que permitan fortalecer el trabajo de los operadores de justicia y brindar mayores herramientas a las autoridades encargadas de la seguridad pública.
Por su parte, el secretario de la Presidencia, Juan Carlos García, señaló que el Gobierno también trabaja en el fortalecimiento de las capacidades operativas y tecnológicas de las instituciones responsables de combatir la delincuencia.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo, manifestó que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las disposiciones que ya forman parte del ordenamiento jurídico nacional, respetando las competencias establecidas para cada institución.
La implementación de las reformas también plantea importantes responsabilidades para las autoridades, debido a que las nuevas herramientas legales deberán utilizarse bajo los procedimientos establecidos y con respeto a las garantías constitucionales de los ciudadanos.
Uno de los principales desafíos será demostrar que las modificaciones legales se traducen en resultados concretos, como la reducción de homicidios, extorsiones, secuestros y otras actividades delictivas que afectan a las comunidades hondureñas.
La población estará pendiente de conocer cuáles serán las primeras operaciones y resultados obtenidos bajo el nuevo marco legal, especialmente en ciudades con importantes desafíos de seguridad como San Pedro Sula, Tegucigalpa y La Ceiba.
