Un análisis de la Asociación para una Sociedad más Justa señala que la investigación criminal recibe apenas cuatro de cada 100 lempiras de los recursos de la Tasa de Seguridad. La organización también advierte sobre el aumento de fondos asignados a Defensa.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. La distribución de los recursos de la Tasa de Seguridad Poblacional volvió al centro del debate público luego de que la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) divulgara un análisis que señala que apenas el 4 % de estos fondos se destina a investigación criminal.
El informe, divulgado el 10 de noviembre, fue elaborado con base en reportes de ejecución presupuestaria de la Secretaría de Finanzas y examina el uso de los recursos recaudados mediante este mecanismo durante 2026.
Según el análisis, la recaudación de la Tasa de Seguridad alcanzó 5,882 millones de lempiras durante el período revisado. Sin embargo, la organización considera que la distribución de los fondos no refleja una prioridad suficiente para fortalecer las capacidades de investigación e inteligencia.
Uno de los datos destacados es que la Dirección de Investigación e Inteligencia mantiene para 2026 una asignación de 215 millones de lempiras, la misma cantidad que recibió durante 2025, pese al volumen de recursos recaudados.
La ASJ también señaló que la Secretaría de Defensa Nacional incrementó en 81 % su asignación proveniente de la tasa en un año. El organismo considera necesario revisar si la distribución responde a las principales necesidades de seguridad que enfrenta el país.
Otro aspecto cuestionado es que el Ministerio Público aparece sin fondos provenientes del fideicomiso, una situación que, según el análisis, limita la participación de la institución encargada de investigar y ejercer la acción penal en el fortalecimiento de las capacidades contra el delito.
La organización también llamó la atención sobre los gastos en alimentos y alquiler de vehículos. De acuerdo con sus datos, durante 2025 esos dos conceptos representaron una parte considerable de los recursos utilizados, con más de 1,900 millones de lempiras en alimentos y alrededor de 1,242 millones en alquiler de vehículos.
El señalamiento adquiere relevancia en un momento en que el Gobierno mantiene operativos contra estructuras criminales y plantea reforzar la coordinación entre las instituciones de seguridad y justicia.
La discusión sobre la Tasa de Seguridad no se limita a cuánto dinero se recauda, sino a qué resultados produce su utilización. La ciudadanía necesita conocer cuánto se invierte en prevención, investigación, inteligencia, equipamiento y persecución penal.
El análisis de la ASJ plantea un desafío para las autoridades: demostrar que los recursos destinados a seguridad se traducen en mejores investigaciones, reducción de la impunidad y mayor capacidad del Estado para responder a la criminalidad.
