Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional aprobó una serie de reformas a la Ley del Instituto Nacional Penitenciario (INP) que establecen nuevas condiciones de reclusión para personas señaladas como integrantes de grupos criminales declarados terroristas.
Las reformas fueron aprobadas por unanimidad y contemplan el traslado de las personas capturadas por pertenecer a estas estructuras a centros penitenciarios de máxima seguridad, incluso cuando todavía no hayan sido sometidas a juicio.
Entre las nuevas disposiciones se establece un régimen de aislamiento para los privados de libertad considerados integrantes de estas organizaciones. También se contempla una mayor restricción y supervisión de las visitas familiares y de abogados.
Las autoridades penitenciarias tendrán además mayores facultades para controlar las comunicaciones de los internos, incluyendo medidas de interferencia para evitar que teléfonos celulares u otros dispositivos sean utilizados para mantener contacto con integrantes de estructuras criminales que se encuentren fuera de los centros penitenciarios.
El Congreso Nacional también informó que las personas recluidas bajo este régimen tendrán condiciones especiales para las visitas y permanecerán bajo controles reforzados dentro de los establecimientos penitenciarios.
Las reformas forman parte de las medidas adoptadas por el Estado hondureño después de que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad declarara como terroristas a tres grupos criminales.
Durante la discusión de la normativa también se plantearon modificaciones relacionadas con el tiempo que los privados de libertad podrán permanecer al aire libre. El tema generó observaciones durante el debate legislativo y quedó sujeto a las disposiciones establecidas en la normativa aprobada.
Las autoridades de seguridad han señalado que estas medidas buscan impedir que las estructuras criminales continúen coordinando actividades delictivas desde los centros penitenciarios.
El Congreso anunció además que se preparan otras reformas relacionadas con el Código Procesal Penal para fortalecer el tratamiento judicial de los casos vinculados con personas acusadas de pertenecer a organizaciones declaradas terroristas.
