TEGUCIGALPA. El panorama político en Honduras vuelve a tensarse tras las recientes declaraciones de Rashid Mejía, líder del movimiento «Una Sola Voz Honduras», quien ha solicitado formalmente que se inicie un proceso de juicio político contra el Fiscal General de la República. La petición, fundamentada en un supuesto «incumplimiento de deberes», ha reactivado el debate sobre la independencia del Ministerio Público y la justicia en el país.
El argumento de la insurgencia ciudadana
Mejía sostiene que la gestión actual del Ministerio Público ha caído en una «parálisis selectiva», señalando que existen expedientes de alto impacto que no avanzan, mientras que otros casos se judicializan con celeridad bajo posibles presiones externas. Según el dirigente, el juicio político es la única vía constitucional para rescatar la institucionalidad y garantizar que la fiscalía no responda a intereses partidarios.
«No podemos seguir permitiendo una justicia a la medida. El pueblo exige respuestas sobre los casos de corrupción que siguen engavetados mientras el país demanda transparencia», manifestó Mejía ante los medios de comunicación.
El laberinto legal en el Congreso Nacional
Para que un juicio político prospere en Honduras, se requiere una mayoría calificada en el Congreso Nacional (96 votos), un escenario que actualmente parece complejo debido a la fragmentación de las bancadas. Analistas jurídicos consultados por El Minuto Informativo HN señalan que, aunque la figura está en la Constitución, el proceso suele convertirse en un «pulso de fuerzas» más que en un examen estrictamente legal.
Los defensores del Fiscal General, por su parte, argumentan que estas peticiones son intentos de desestabilización política y que el Ministerio Público ha trabajado bajo los presupuestos y limitaciones técnicas existentes, rechazando cualquier señalamiento de negligencia.
Reacciones y polarización
La noticia ha provocado una ola de reacciones en las plataformas digitales. Mientras sectores de la sociedad civil respaldan la postura de Mejía como un acto de auditoría social, otros lo ven como una estrategia para generar crisis en el inicio del nuevo periodo gubernamental.
Este nuevo episodio pone a prueba la solidez de las instituciones judiciales frente al escrutinio público y la presión de los movimientos sociales que exigen una renovación en el sistema de justicia hondureño.
