Tegucigalpa, Honduras. — El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió su evaluación anual sobre el combate a la trata de personas, señalando que Honduras continúa sin cumplir plenamente los estándares mínimos para la erradicación de este delito, aunque reconoció esfuerzos significativos por parte de las autoridades locales para hacerle frente.
Debido a este balance, el país permanece en la categoría de Nivel 2, destacando avances en el ámbito judicial pero evidenciando retos persistentes en la protección integral a las víctimas y en la asignación de recursos a los organismos de investigación.
Avances judiciales y condenas en el periodo evaluado
El reporte destaca que el sistema de justicia hondureño registró un incremento en las acciones penales contra presuntos responsables de explotación laboral y sexual. Durante el periodo evaluado, se iniciaron investigaciones en 42 casos de trata de personas (34 por trata sexual y 8 por trabajo forzoso).
Asimismo, las autoridades judiciales imputaron cargos a 69 sospechosos y lograron la condena de 30 personas (28 por trata sexual y 2 por trabajo forzoso), además de lograr que en varios procesos se ordenara el pago de indemnizaciones directas a los afectados.
Principales vacíos y desafíos señalados:
- Reducción en la identificación de víctimas: El número de personas identificadas como víctimas descendió de 95 a 49 en el periodo analizado (42 por trata sexual, 5 por trata laboral, una por criminalidad forzada y una modalidad no especificada).
- Servicios de protección limitados: Los centros de atención y albergues especializados siguen concentrados en las principales zonas urbanas, dejando desprotegidas las áreas rurales y careciendo de cobertura adecuada para víctimas masculinas.
- Reclutamiento digital y pandillas: Se advierte que las redes criminales utilizan cada vez más las plataformas digitales y redes sociales con falsas ofertas de empleo para captar a jóvenes y migrantes vulnerables.
El documento insta a las autoridades hondureñas a fortalecer la capacitación de jueces y fiscales, intensificar las investigaciones sobre trabajo forzado y asegurar la aplicación de sanciones a cualquier funcionario que resulte implicado en esquemas de complicidad.
