Congreso Nacional alista contundentes reformas al Código Penal para intensificar la lucha contra el crimen organizado

Tegucigalpa, Honduras. — En un esfuerzo por dotar a los operadores de justicia de herramientas legales de mayor alcance, el Congreso Nacional se encuentra a la espera del dictamen de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para aprobar una serie de reformas integrales al Código Penal y al Código Procesal Penal orientadas a neutralizar el accionar de maras, pandillas y grupos vinculados al narcotráfico.

Las autoridades del Poder Legislativo confirmaron que el paquete de enmiendas contempla medidas severas, entre las cuales destaca la eliminación total de beneficios penitenciarios como la libertad condicional y la preliberación para personas procesadas o condenadas por delitos de terrorismo y crimen organizado.

Tatuajes alusivos como elemento de procesamiento por terrorismo

Entre las innovaciones jurídicas que incorporará el nuevo articulado, se establece que la sola portación de tatuajes alusivos a estructuras criminales como la Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 u otros grupos calificados como terroristas constituirá elemento suficiente para efectuar capturas, procesamientos judiciales y el traslado inmediato a módulos de máxima seguridad.

Asimismo, las reformas contemplan la habilitación de horas y días inhábiles para la ejecución de allanamientos y capturas, la ampliación del plazo de detención hasta por 48 horas antes de presentar a los sospechosos ante los tribunales, y el acompañamiento obligatorio del Ministerio Público y jueces ejecutores en los operativos de campo.

Puntos clave de las reformas legislativas:

  • Cero beneficios penitenciarios: Sin opción a libertad condicional ni preliberación para delitos de terrorismo y narcotráfico.
  • Uso anticipado de bienes incautados: Modificaciones a la Ley de Privación de Dominio para permitir el uso de recursos decomisados antes de sentencia firme, con el aval de Finanzas.
  • Sanciones a malos funcionarios: Aplicación estricta de la ley contra operadores de justicia o servidores públicos coludidos con estructuras criminales.
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El pleno legislativo prevé discutir y someter a votación estas enmiendas una vez recibido el criterio técnico del Poder Judicial en el transcurso de la semana.

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