El presidente Nasry Asfura informó que el proyecto tendría un costo estimado de 1,000 millones de lempiras. La ubicación del nuevo centro penitenciario todavía está por definirse.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Gobierno anunció que iniciará el proceso de licitación para construir un nuevo centro penitenciario de máxima seguridad con capacidad para albergar a 5,000 privados de libertad, como parte de las acciones planteadas para fortalecer el sistema de seguridad del país.
El anuncio fue realizado por el presidente Nasry Asfura durante una reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, desarrollada el 10 de noviembre en la capital hondureña.
De acuerdo con la información divulgada, la construcción tendría un costo aproximado de 1,000 millones de lempiras. Sin embargo, las autoridades todavía deben definir el lugar donde se desarrollará el proyecto y completar los procedimientos necesarios para su contratación.
La iniciativa busca ampliar la infraestructura penitenciaria y disponer de un establecimiento destinado a personas consideradas de alta peligrosidad, en medio de las acciones gubernamentales contra estructuras vinculadas con el crimen organizado.
La capacidad anunciada de 5,000 internos convierte el proyecto en una de las propuestas penitenciarias de mayor dimensión presentadas recientemente por las autoridades. Su ejecución requerirá planificación, presupuesto, supervisión y mecanismos de control.
El Gobierno también tendrá que precisar las características de seguridad, los sistemas de vigilancia, la distribución de los módulos y las condiciones para garantizar el control interno del establecimiento.
La construcción de una nueva cárcel se produce en un contexto de preocupación por la violencia, la extorsión y las actividades de organizaciones criminales que operan en distintas regiones de Honduras.
No obstante, especialistas y organizaciones de derechos humanos suelen advertir que la ampliación de la infraestructura penitenciaria debe acompañarse de políticas de prevención, investigación criminal, acceso a la justicia y programas de rehabilitación.
Por ahora, el anuncio corresponde a una decisión de iniciar el proceso de licitación, no a una obra que ya esté contratada o en construcción. La ciudadanía deberá conocer la ubicación, el calendario, las condiciones de financiamiento y los mecanismos de supervisión antes de evaluar el alcance real del proyecto.
