SAN PEDRO SULA, CORTÉS. El sistema judicial nacional dio trámite al requerimiento fiscal incoado contra tres agentes de la Policía Nacional asignados a la Dirección Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET). Los imputados enfrentan cargos por la presunta comisión del delito de tráfico agravado de drogas y almacenamiento de pertrechos.
El caso tomó curso tras un allanamiento ejecutado por equipos de inspección en una vivienda de seguridad ubicada en la residencial Villas Mackey de la capital industrial. En la escena, los peritos decomisaron varios envoltorios conteniendo supuesta cocaína, marihuana y crack, además de municiones de uso prohibido.
Tras la interposición del requerimiento por parte del Ministerio Público, los funcionarios policiales investigados se presentaron ante los tribunales competentes para encarar el proceso legal. La Fiscalía sostiene que existen elementos indiciarios suficientes para acreditar la vinculación directa de los uniformados con la custodia ilícita del material.
Un elemento central de la línea investigativa gira en torno a determinar si los estupefacientes incautados estaban destinados al microtráfico o si iban a ser utilizados de forma irregular para implantar pruebas falsas en operativos contra ciudadanos. Esta hipótesis ha generado profunda inquietud entre organismos defensores de derechos humanos.
Representantes de la Secretaría de Seguridad reafirmaron su postura de «cero tolerancia» frente a cualquier acto de corrupción o colusión con estructuras criminales en el seno de las fuerzas del orden. Aseguraron que los mecanismos de depuración interna operan sin distinción de rango o unidad de adscripción.
Apoderados legales de los encausados argumentan, por su parte, que sus defendidos actuaron bajo procedimientos de custodia protocolaria en el marco de asignaciones especiales, alegando inconsistencias en la cadena de custodia presentada por la fiscalía acusadora durante las primeras etapas procesales.
Sectores de la sociedad civil en el valle de Sula demandan un juicio transparente y expedito que siente un precedente contundente sobre la conducta que deben guardar los agentes encargados de la seguridad pública en el país.
El juez de letras penal designado determinó dictar la medida cautelar correspondiente mientras concluyen los plazos para la evacuación de pruebas periciales y testificales.
