Xiomara Castro juramentó a nuevos comisionados de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario, que ahora preside Othoniel Gross.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, juramentó a los nuevos comisionados que integrarán la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional, como parte de la reestructuración del Instituto Nacional Penitenciario (INP).
Durante el acto oficial, la mandataria nombró al coronel de Caballería Othoniel Gross Castillo como comisionado presidente, mientras que Erwin Lara Franco y Raúl Alexis Fuentes Borjas asumieron como comisionados adjuntos.
Las nuevas autoridades tendrán la responsabilidad de continuar el proceso de control y reforma del sistema carcelario hondureño.
El relevo ocurre luego de que el 15 de julio de 2025, el general Ramiro Muñoz confirmara su salida de la Comisión Interventora del INP, tras una solicitud directa de la jefa del Ejecutivo.
Muñoz asumió la dirección de la intervención en junio de 2023, posterior a la masacre en la cárcel de mujeres de Támara, donde murieron 46 privadas de libertad, un hecho que conmocionó al país.
Crisis penitenciaria que dio origen a la intervención del INP
La Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario surgió como una respuesta del Estado a la profunda crisis del sistema carcelario, marcada por corrupción, autogobiernos, fugas, masacres y violaciones a los derechos humanos.
Durante años, las cárceles de Honduras operaron bajo el control de estructuras criminales, lo que derivó en hechos de alto impacto como masacres carcelarias, fugas de reos peligrosos, ingreso de armas, drogas y dinero y una corrupción estructural dentro del personal penitenciario y policial.
Ante este escenario, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) ordenó en 2023 la intervención del INP con el objetivo de retomar el control total de los centros penales, desarticular redes criminales internas y avanzar hacia una reforma integral.
Objetivos y resultados de la Comisión Interventora
La intervención incluyó la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la depuración de personal, el traslado de reos de alta peligrosidad, así como el desarme total en los centros penales.
El Gobierno reportó una reducción de la violencia, incautaciones de armas y drogas y un mayor control estatal, aunque organismos de derechos humanos mantienen vigilancia permanente para garantizar el respeto a estándares nacionales e internacionales.
