Tegucigalpa, Honduras. El Gobierno de Honduras prepara ajustes al Plan Nacional para la Inclusión Financiera en Vivienda 2026-2030, una estrategia que busca facilitar el acceso a una vivienda a hogares de menores ingresos mediante bonos, subsidios y nuevos mecanismos de financiamiento.
La propuesta es impulsada por la Secretaría de Vivienda y Asentamientos Humanos (Seviah), que continúa con el proceso de socialización de la política nacional de vivienda antes de que sea sometida a aprobación. La expectativa oficial es comenzar a promover una mayor construcción de viviendas de interés social.
Uno de los principales problemas que busca atender el plan es la brecha entre los ingresos de las familias hondureñas y el costo actual del financiamiento hipotecario. Según los datos citados, Honduras enfrenta un déficit habitacional estimado en 1.6 millones de viviendas, de las cuales alrededor del 40 % corresponde a nuevas viviendas y el 60 % a mejoras de casas existentes.
La propuesta contempla combinar dos mecanismos de apoyo: el Bono Directo a la Cuota (BDC) y el Subsidio Directo a la Cuota (SDC).
El bono funcionaría como un aporte único destinado a reducir la prima o el capital del préstamo. De acuerdo con el esquema planteado, estaría dirigido a hogares cuyos ingresos se encuentren entre uno y cuatro Salarios Mínimos de Referencia, tomando como base un salario de referencia de L18,036.18.
El segundo mecanismo consiste en un subsidio aplicado directamente a la cuota mensual del préstamo. Este apoyo tendría una duración inicial de diez años y disminuiría progresivamente hasta que el beneficiario asuma el pago completo.
Para una vivienda unifamiliar, la propuesta contempla un subsidio que comenzaría alrededor de L2,773 mensuales durante el primer año y bajaría hasta unos L339 en el décimo año. En el caso de viviendas multifamiliares, iniciaría aproximadamente en L3,301 y descendería hasta L403.
En conjunto, el bono y el subsidio podrían representar un valor presente estimado de aproximadamente L153,078 por hogar para viviendas unifamiliares y L182,184 para viviendas multifamiliares, según la propuesta actualmente en proceso de revisión.
El esquema también busca favorecer proyectos de vivienda vertical, especialmente en ciudades donde el precio de la tierra dificulta la construcción de grandes cantidades de viviendas sociales. San Pedro Sula y Tegucigalpa aparecen entre las zonas donde se estudian proyectos de este tipo.
La política contempla además una plataforma digital denominada Sistema Nacional de Vivienda (Sinavi), que permitiría conectar a las instituciones participantes y facilitar procesos como la precalificación de solicitantes, asignación de subsidios y seguimiento de trámites.
Otro componente importante es el financiamiento internacional. El Gobierno espera un primer desembolso de 150 millones de dólares de los 400 millones aprobados por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para respaldar el programa integral de vivienda social.
Las autoridades prevén que esos recursos sean transferidos entre octubre y noviembre, mientras continúan los ajustes al plan.
Importante: los montos y mecanismos descritos corresponden a la propuesta que actualmente se encuentra en proceso de socialización y ajuste. No significa que todos los subsidios estén disponibles actualmente para solicitarse ni que las condiciones sean definitivas.
La aprobación de la política será el paso que permitirá conocer las reglas finales, requisitos y procedimientos que deberán seguir las familias interesadas.
